POLICÍA LOCAL TEULADA. CÁMARAS VIDEO VIGILANCIA

La película ‘La vida de los otros’ narraba como los servicios secretos de la República Democrática de Alemania, la Stasi, vigilaba a un escritor que empieza a ser crítico con el régimen comunista. Instaló cámaras en su domicilio y comenzó a registrar sus conversaciones, de las que los dirigentes del Partido Comunista tenían cumplida información. Pues algo aparecido pasó en el municipio de Teulada-Moraira hace algo más de un año, aunque sólo fuera con efecto disuasorio, cuando la Jefatura de la Policía Local instaló cámaras para controlar no sólo posibles delitos que se pudieran cometer en la vía pública, sino a controlar a sus propios agentes en la sede policial. Además, había otros siete puntos de vigilancia, entre ellos, el acceso a un instituto.Y todo este entramado de cámaras le ha costado al Ayuntamiento de Teulada una infracción grave por parte de la Agencia de Protección de Datos, al considerar que ese uso de las cámaras es competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y, por lo tanto, el consistorio no tiene habilitación legal para el tratamiento de imágenes y necesitaba el consentimiento de los afectados, algo que no tenía. El consistorio, como es evidente, ni disponía de las autorizaciones administrativas para tal fin ni ningún fichero de videovigilancia. En el caso de la sede policial, el propio jefe de la Policía lo tuvo que confesar el 23 de julio de 2015. «No se ha informado a los trabajadores, ya que se trata de un sistema disuasorio». Esta confesión, que ha derivado en la infracción por parte de la Agencia de Protección de Datos, hay que ponerla en contexto. En los años 2013 y 2014, los sindicatos policiales y la jefatura de la Policía mantienen un arduo pulso: se habían cruzado varias denuncias, entre ellas, por las irregularidades en la gestión y cobro de la tasa de la grúa municipal, expedientes a agentes por consultar la documentación sin permiso, negativa a facilitar uniformes a los agentes… El decálogo de estas denuncia fue otra más, presentada por UGT y el Sindicatos de Empleados Públicos (SEP), contra el ayuntamiento por la instalación de cámaras en la sede de la Policía Local, además de en edificios públicos y otros puntos de la red viaria. Hasta ocho puntos de grabación enumeró la denuncia. A juicio de los denunciantes, no se contaba con la autorización de la Delegación del Gobierno ni con el informe preceptivo de la Comisión de Garantías de la Vídeo vigilancia. Y, sobre todo, el uso de las cámaras se estaba usando para el control laboral de los agentes de la Policía.La instalación de las cámaras y el puesto de control lo llevó a cabo la empresa Domingo Mira SL y las grabaciones generaban unos ficheros a las que sólo tenía acceso el Jefe de la Policía Local de Teulada. En abril de 2015 se supo que el sistema de vigilancia que había en la sede policial no funcionaba y por lo tanto, no generaba ningún fichero inscrito. Es decir, era de mentirijilla. En julio de ese mismo año, el jefe de la Policía lo reconoció. Ahora, casi 14 meses después, la Agencia de Protección de Datos reconoce que las cámaras son ilegales, que sólo las pueden utilizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que el consistorio no tiene permiso para ello, y que «lo intenta justificar en la normativa sobre tráfico y seguridad vial». Además, tampoco «tiene un fichero inscrito de videovigilancia» en el que los afectados deben dar su consentimiento para el uso de datos. Por todo ello, la Agencia abre el expediente de infracción, nombra a un instructor e insta al consistorio para que presente alegaciones en los próximos 15 días. Las cámaras han generado el efecto contrario: los policías las han tumbado.

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