Unidad sindical sin precedentes para forzar la jubilación anticipada de los 20.000 policías locales

Los 20.000 policías locales ‘jubilables’ no conocen cuándo podrán acogerse a la retirada anticipada que el Gobierno lleva anunciando desde hace dos años. Después de la convocatoria de protestas por separado, todos los sindicatos que representan al colectivo han decidido sumar fuerzas por primera vez para elevar su presión a Hacienda.

Según destacan a El Confidencial Digital promotores de la reivindicación, todas las organizaciones sindicales, tanto de la Plataforma Nacional por el adelanto de la edad de jubilación de las Policías Locales y Autonómicas (que integra a los principales sindicatos de la función pública CCOO, UGT y CSI-F), como de la Plataforma Social de Policías Locales, participarán en la gran manifestación del 23 de mayo en Madrid.

Han acordado esta medida de presión para exigir al Gobierno que apruebe el decreto de adelanto de la edad de jubilación, actualmente bloqueado por el Ministerio de Hacienda.

Hasta ahora, destacan los promotores de la marcha, se habían convocado concentraciones en las sedes del Gobierno y también se ha desplegado una “persecución” de cargos del Ejecutivo en diversos actos… Pero han sido unas acciones en las que no han participado todas las plataformas.

Un nuevo incumplimiento del Gobierno

La manifestación en Madrid se convoca después de que los sindicatos de policías locales descartaran sumarse en febrero a las movilizaciones de funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado, convocadas al calor de la ola de reclamaciones salariales.

En aquel momento, el Gobierno se había comprometido a desbloquear el decreto en 20 días para aprobarlo en Consejo de Ministros en el mes de marzo.

Pero ese anuncio ha acabado en un nuevo incumplimiento del Ejecutivo después de que el Ministerio de Empleo hubiera prometido que los agentes que cumplieran los requisitos podrían dejar sus puestos en julio pasado. Sin embargo, tal y cómo se contó entonces en ECD, el texto ni siquiera había salido del departamento de Fátima Báñez.

El proceso legislativo exige el dictamen favorable del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

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